En un giro inesperado pero estratégicamente calculado, Pedro Rocha, presidente de la comisión gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha optado por mantener intactos los salarios de cinco directivos suspendidos, pese a las sombras de duda que pesan sobre sus actuaciones. Esta decisión, lejos de ser un acto impulsivo, se sustenta en la recomendación del renombrado despacho de abogados Sagardoy, con un largo recorrido en el ámbito del derecho laboral. Este despacho no solo ha colaborado anteriormente con figuras destacadas como Luis Rubiales sino que ahora se convierte en pieza clave en la defensa de la RFEF ante situaciones jurídicas complejas.
Una decisión entre la espada y la pared
La elección de rocha de no despedir a estos ejecutivos y seguir abonando sus salarios es un reflejo de la complejidad que envuelve al mundo del fútbol español. Al poner sus casos en manos de expertos legales, rocha busca evitar posibles demandas por despido improcedente o acusaciones de prevaricación, un camino lleno de escollos legales y mediáticos. Esta táctica, aunque cuestionable para algunos, destaca la importancia de una gestión cautelosa en tiempos de incertidumbre judicial.
Suspensión de funciones: pero salarios intactos
Además, las sombras de duda se ciernen sobre Pedro González segura, José Javier Jiménez y Miguel Ángel García Silvero, cuyas funciones en la a RFEF fueron suspendidas tras una operación de la guardia civil. Aunque a primera vista pareciera un despido encubierto, la realidad es que estos directivos continúan recibiendo su salario completo, en un claro indicativo de que la federación prefiere navegar con prudencia en aguas turbulentas.
Gestión de crisis en la RFEF: suspensión versus corte de relación laboral
La situación de Albert Luque y Rubén Rivera, imputados en el caso Rubiales, arroja luz sobre los distintos criterios manejados por la RFEF. A pesar de las graves acusaciones, la federación optó por una suspensión de funciones en lugar de cortar de raíz su relación laboral, lo que sugiere una política de gestión de crisis enfocada en minimizar daños tanto legales como reputacionales.
Un despido entre la contención y la estrategia
En contraste, la decisión de despedir a Tomás González Cueto, cuya relación con la RFEF era de carácter mercantil, demuestra que, en ciertos casos, la federación está dispuesta a tomar medidas drásticas. Este movimiento podría interpretarse como un intento de rocha por limpiar la imagen de la federación, demostrando que no hay cabida para aquellos directamente implicados en controversias legales de gran calado.
El ‘caso Soule’ y la estrategia de equilibrio de la RFEF ante la crisis
Además, el ‘caso Soule’ añade otra capa de complejidad al panorama, con cinco presidentes de federaciones territoriales bajo la lupa judicial pero manteniendo sus cargos. Esta situación evidencia la delicada balanza en la que se encuentra la RFEF, intentando preservar su estructura y liderazgo mientras navega por el complicado marco legal y ético que envuelve al fútbol español.
En definitiva, la decisión de mantener los salarios de los directivos suspendidos habla volúmenes de la estrategia de gestión de crisis de la RFEF. En un entorno donde cada paso es analizado bajo el microscopio público y legal, rocha y su equipo buscan asegurar la estabilidad y la integridad de la federación, aunque el camino a seguir esté plagado de incertidumbres y desafíos. La firmeza en estas decisiones, aunque polémicas, destaca la búsqueda de un equilibrio entre la prudencia legal y la necesidad de mantener una federación sólida y resiliente ante los embates judiciales y mediáticos.
