José Baltasar Plaza define de forma gráfica su cometido: “Estoy aquí para limpiar la era”. La era, el erial, es el fútbol español. Este abogado de 54 años es desde 2011 administrador concursal del Rayo Vallecano. Fue nombrado por un juez de Madrid para poner orden en las cuentas del club y reducir sus 60 millones de deuda: bajar salarios, vender jugadores, renegociar con los acreedores, pagar a Hacienda… Plaza gestiona el equipo y otras empresas en concurso de acreedores desde un lujoso despacho en una privilegiada zona de Madrid, y desde allí ha impuesto la austeridad. “Los presidentes del fútbol se vuelven locos en el palco y tiran con pólvora ajena”, diagnostica.
Como él, decenas de auditores, economistas e inspectores de Hacienda, en equipos de dos o tres personas, han vivido la experiencia —a veces disparatada, a veces ingrata— de llevar las riendas de un club de fútbol profesional. Desde 2004, cuando entró en vigor la ley concursal, 19 de los 42 clubes que militan en Primera y Segunda han pasado por concurso de acreedores. La lista sería más amplia si se sumaran los que ya han descendido a Segunda B. La posición de estos gestores es privilegiada para hablar de la burbuja del fútbol, cuya deuda con Hacienda asciende a 690 millones de euros (a esa habría que sumar la contraída con los proveedores). Son los hombres de negro del fútbol español, los encargados de pinchar la burbuja. Son elegidos por los jueces y cobran suculentas minutas con cargo a las empresas que van a gestionar. Su diagnóstico coincide: la gestión del fútbol español ha sido desastrosa, el dinero se ha dilapidado en fichajes desorbitados y con frecuencia innecesarios, hay un mar de comisiones más que sospechosas y Hacienda y las Administraciones han mostrado durante años una sorprendente manga ancha a la hora de renegociar las deudas.
Alfonso García Cortés no sabía nada de fútbol. Este abogado de Alicante de 51 años, con fama de fiable, había gestionado decenas de concursos de acreedores: inmobiliarias, empresas de turrón, fábricas textiles… Solo en los tres años anteriores había participado, como administrador o como abogado, en 75 procesos concursales. Pero no sabía qué era un lateral o un extremo. Hasta que en julio de 2011 un juez de Alicante le encargó gestionar el Hércules, el principal club de la ciudad, que acababa de descender a Segunda y acumulaba deudas de unos 60 millones. Fue elegido por su amplia experiencia. No es que la deuda de la empresa superase la de otras, pero el tema era socialmente muy delicado. García Cortés explica el desolador panorama que se encontró al abrir los libros: “El club tenía las cuentas embargadas y un saldo de menos 300.000 euros en el banco. Los salarios de la temporada anterior estaban impagados. Había deuda con la Seguridad Social, Hacienda y proveedores. Llevaba cuatro meses sin pagar la luz y el agua”. Tenía 40 procedimientos judiciales abiertos. Los activos del club no eran espectaculares: las copas y los jugadores…
