En cada aparición pública Javier Tebas, actual presidente de la LFP, no para de prometer medidas de excepción para la Liga a partir del próximo año. La deuda total de los clubes de fútbol supera los 3.500 millones de euros, de los cuales alrededor de 700 se le deben a Hacienda. Hace ya un par de años que se adoptaron las primeras decisiones para perseguir las irresponsables gestiones, aunque se espera que sea a partir de verano cuando los diferentes organismos intervengan con verdadera firmeza.
Claro que para que poder arreglar el desaguisado de más de una década de impunidad hará falta como mínimo el mismo espacio de tiempo, por lo que lo mejor será armarse de paciencia y familiarizarse cuanto antes con los famosos administradores concursales, que vienen a ser algo así como los ‘hombres de negro’ de la Troika, pero aplicados al deporte rey. El proceso es el mismo: ahorrar y ahorrar aplicando medidas dolorosas que pasarán factura. Por lo pronto, si nada lo evita en 2015, año de cambios importantes en el torneo, España va camino de perder la cuarta plaza con acceso a Champions más pronto que tarde.
Todos los problemas se remontan a 1990, cuando en plena primera crisis de los equipos, se aprobó una ley que permitía a los clubes de fútbol convertirse en empresas mercantiles (SAD). Aquello pasó a ser obligatorio tres años después, salvo para cuatro clubes saneados (Osasuna, Athletic, Real Madrid y Barcelona) y durante la época del ladrillo y de los pelotazos todo funcionó sin ningún problema. Grandes constructores y poderosos banqueros y empresarios hacían y deshacían en sus equipos como si de un videojuego se tratase. Al más mínimo problema, ahí estaba el banco de turno o las administraciones públicas para solventar la papeleta.
Todo aquello se acabó y dejó un rastro de tierra quemada del que ahora se ven las consecuencias. Hasta 30 equipos de los 42 que hay entre Primera y Segunda corren el riesgo de ser completamente insolventes si no corrigen sus deudas en un corto espacio de tiempo. 22 de ellos han acudido al concurso de acreedores, ya sea de manera voluntaria o a través de una denuncia (concurso necesario). En Segunda B la cifra se multiplica.
La Ley Concursal fue una medida aprobada en 2003 a la que las SAD pueden acogerse en caso de manifestar su imposibilidad de hacer frente a las deudas contraídas. Una vez aceptada la quiebra técnica, el juez decreta la suspensión de pagos y el club queda bajo su tutela. A partir de ese momento será el juez el que determine quién dirige el club: pueden ser los actuales gestores, bajo el control de una administración concursal, o directamente dejar todo en manos de los administradores concursales.
El objetivo principal es elaborar un plan de viabilidad que permita cubrir los pagos de los acreedores sin que la entidad tenga que ser disuelta y pueda continuar ejerciendo su actividad. Esta intervención puede durar años y no garantiza a los acreedores recibir todo el dinero. Es más, la gran mayoría, empezando por los jugadores, se ven obligados a negociar para alcanzar un acuerdo.
Hasta la temporada pasada, un club en esta situación no podía ser descendido a Segunda por impagos, lo que a la postre era una tabla de salvación para los equipos que no podían hacer frente al salario de sus jugadores. Eso se acabó después de modificar la Ley Concursal. Es una de las medidas adoptabas por el nuevo ejecutivo, que también promete obligar a todos los clubes a apartar un 15% de los beneficios para pagar a Hacienda o no permitirles gastar más de lo que ingresan. Primeras medidas de control de las muchas que prometen acabar con el despilfarro actual. Al menos eso es lo que dice Tebas.
