La Unión Europea tiene el nuevo campo de San Mamés en su punto de mira, después de que el ministro Margallo confirmara que la construcción del mismo iba a ser sometida a una investigación por la ayudas de dinero público recibidas. Pese a que todavía quedan muchas cosas por aclarar, a nadie se le escapa que este proceso que está a punto de abrirse en el fútbol español responde a las presiones desde Alemania.
Y es que no es que no es la primera vez que el Bayern de Munich, a través de Uli Hoeness y Karl Heinz Rummenige, pone el grito en el cielo por el polémico sistema de gestión del fútbol español, cuyos clubes coleccionan deudas con entidades bancarias y Hacienda mientras reciben (o recibían, porque el grifo se ha cerrado) millones en ayudas publicas.
Muchas de las quejas del fútbol alemán tienen justificación, pero la que afecta a la participación pública en la construcción de los estadios cae por su propio peso. Una práctica moralmente cuestionable, pero que los alemanes han realizado en más de una ocasión. La última durante el Mundial de Alemania en 2006, donde se invirtió la friolera de 3.600 millones de reales (unos 1.500 millones de dólares, 1.100 millones de euros) para la reforma y construcción de 12 estadios.
Entre esos estadios, una parte fue destinada a apoyar la construcción del Allianz Arena, la gigante casa del Bayern actualmente. Fue la última gran inversión de dinero público en el fútbol alemán, aunque desde entonces también ha habido casos aislados. Puede que los dirigentes bávaros tengan razón en muchas cosas, pero no en esto.
