El pasado mes de diciembre la FIFA acordó prohibir la propiedad de derechos económicos por parte de terceros. El máximo organismo de fútbol pretendía así iniciar la batalla contra empresas o fondos de inversión que, habiendo adquirido una parte o la totalidad de los derechos de un jugador, acceden a ganancias relacionadas con los fichajes de los mismos.
En Europa, la normativa, que entrará en vigor el próximo 1 de mayo, afectaría principalmente a las ligas española y portuguesa. La disputa entre el Sporting de Lisboa y el grupo inversor Doyen por los derechos del traspaso de Marcos Rojo al Manchester United es un ejemplo de conflicto reciente relacionado con dicha práctica. En Sudamérica, la adquisición de derechos de futbolistas es tan común que para muchos es difícil imaginarse como funcionaría el fútbol sin ellos.
Por su parte, la LFP se había posicionado recientemente a favor de una regulación de los fondos de inversión pero nunca de su prohibicíon. De la misma opinión es el famoso representante portugués Jorge Mendes quien ha declarado que la mala publicidad alrededor de los fondos ha evitado que numerosos jugadores llegaran a Portugal este invierno.
Con el objetivo de mostrar su disconformidad, Javier Tebas, presidente de la LFP, envió en enero una carta a Jerome Valcke, secretario general de la FIFA. La FIFA confirmó a través de un portavoz la llegada de la carta pero informó que la decisión, tomada tras el análisis de dos estudios independientes, es la que ‘mejor proteje al fútbol’.
Es por ello que la LFP, junto a la LFPP (Liga Portuguesa de Fútbol Profesional), ha decidido impugnar ante la Comisión Europea un acuerdo que considera ilegal y que atenta contra la libertad de movimiento de capitales.
Pedro Iriondo @pedroiriondo
