“Ha sido una reunión muy positiva entre todas las partes, Generalitat Valenciana, Bankia, el Valencia CF y la Fundación, vamos a intentar buscar una solución provisional entre todos. El Valencia CF es una entidad muy importante que cumple todos sus compromisos y así va a seguir siendo”. Las palabras de Amadeo Salvo intentando tranquilizar a la afición valencianista no pueden ocultar la decepción que supuso la reunión celebrada ayer entre los agentes implicados.
Es cierto que tanto el propio Salvo como Aurelio Martínez, Presidente de la Fundación del Valencia, salieron relativamente contentos de la cita de dos horas, mantenida con Generalitat y Bankia, pero desde el club esperaban algo más. Si bien tanto la entidad bancaria como el Ejecutivo mostraron su predisposición de alcanzar un acuerdo que beneficie a todas las partes, a la hora de la verdad ambos comunicaron que no darán ningún paso hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad se pronuncie sobre el aval.
¿Qué es el famoso aval?
En 2009, el Instituto Valenciano de Finanzas, en manos de la Generalitat, avaló a la Fundación del Valencia un préstamos de más de 80 millones de euros otorgado por Bancaja (actualmente Bankia) para concurrir en la ampliación de capital del club.
En el momento que la Fundación, titular real del préstamo, no pudo hacer frente a sus obligaciones, Bankia exigió a la Generalitat que se hiciera cargo de los pagos, y el Ejecutivo llegó incluso a asumir uno de 4,8 millones de euros correspondientes a los intereses generados por el crédito. Pero el Gobierno Valenciano, acuciado por la crisis, negó que el aval tuviera validez, razón por la que Bankia decidió iniciar las gestiones para demandar a la Generalitat Valenciana y a la Fundación VCF, con el objetivo de reclamar el cobro del préstamo.
Fue entonces cuando el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Valencia anuló el aval, argumentando que la operación incumplía las normas comunitarias, que era ‘ruinosa y llena de riesgos’ y que iba en detrimento de los socios del club. El fallo eximía al Gobierno de cualquier responsabilidad y dejaba el club en manos de Bankia, un banco rescatado por el estado. En otras palabras: el Valencia pasaba a ser un club del estado.
Evidentemente, el banco recurrió la sentencia y a día de hoy todos esperan la resolución. La entidad bancaria está convencida de que el TSJ devolverá a la Generalitat la figura de avalista y sólo así el banco aceptará refinanciar a 15 años tanto el famoso préstamo contraído con la Fundación como uno que tiene con el club, por valor de 220 millones, y que vence a finales de septiembre. Es decir, si la Consell asume el aval del crédito de la Fundación actualmente anulado, Bankia dará su aprobación definitiva. De lo contrario venderá el club.
En la reunión de ayer todas las partes tuvieron la oportunidad de sellar el acuerdo, pero el Ejecutivo no está por labor de aceptar hasta que no haya una sentencia por el aval, que todos coinciden en que será un veredicto de validez. En ese caso el acuerdo debería estar cerca, aunque la Generalitat sería avalista, algo que quieren evitar a toda costa, razón por la que podría no haber consenso e iniciarse la venta del club.
Otra opción posible, pero improbable, es que la sentencia diga que el aval no tiene validez. Entonces, es seguro que se procederá la ventas de acciones del Valencia. Salvo pide calma y dice que el gobierno valenciano no pagará, pero lo cierto es hay pocas razones para la tranquilidad.
