El anuncio por parte de la Diputación de Vizcaya de suspender unilateralmente el acuerdo que mantenía con el Athletic Club, y que iba a reportar al club rojiblanco un total de 7,5 millones de euros hasta 2016, viene a confirmar que el dinero público se agota. La decisión por parte del ente entraba dentro de lo previsto, después de que tanto al Bilbao Basket como al Euskaltel Euskadi, que desaparecerá por culpa de la medida, se les anunciara el fin de las ayudas.
Tras destinar hace unos meses una partida excepcional de 5,2 millones de euros para evitar la quiebra del Bilbao Basket, la Diputación cierra el grifo al deporte de élite porque “hay otras prioridades”, aunque mantendrá su participación en el nuevo San Mamés, que suma un total de 50 millones de euros, teniendo que abonar 7,6 millones este curso y casi 10 en 2014.
Hace un año, al otro lado de la A-8 fue la Diputación de Guipúzcoa la que decidió no renovar su patrocinio a la Real Sociedad, que reportaba a las arcas txuri- urdin alrededor de un millón de euros anuales. En Navarra, ha sido el Osasuna el que ha roto el acuerdo con el Gobierno foral, después de que Archanco constatase que el Ejecutivo les adeuda casi un millón y medio de euros por denominar al estadio ‘Reyno de Navarra’. A partir de esta temporada volverá a ser ‘El Sadar’.
En Catalunya, la situación tampoco pinta mejor. Este junio finalizó la vinculación de TV3 con Barcelona y Espanyol (3 millones de euros a cada uno) y en plena batería de recortes, la Generalitat ha decidido no ampliar el contrato, que afectará especialmente a los ‘pericos’.
La crisis económica obliga a las instituciones públicas a invertir el dinero en asunto más urgentes y, por primera vez en mucho tiempo, la mayoría de equipos de Primera y Segunda división no recibirán ayudas de las arcas públicas, algo que evidentemente se ve con buenos ojos desde la ciudadanía, aunque no deja de ser una respuesta a un problema de liquidez y no una decisión tomada desde un punto de vista de equidad.
El patrocinio de los clubes de fútbol a través de organismos gubernamentales ha sido algo habitual en los últimos años, llegando a rozar el esperpento en algunos casos. Sin duda alguna el más preocupante de todos se dio en la Comunidad Valenciana, donde en época de estómagos generosos la Generalitat llegó a destinar hasta 66 millones de euros por temporada repartidos entre Valencia, Villarreal, Levante, Elche, Hércules y Castellón.
Por si eso fuera poco, el Ejecutivo también otorgó avales a esos equipos sin ningún tipo de control. Una lluvia de dinero del que ahora vemos las consecuencias. El préstamo de 81 millones de euros otorgado al Valencia no fue satisfecho, lo que convierte al gobierno autonómico en accionista mayoritario del club. Los mismo ocurre con los demás implicados. 18 millones es la deuda con el Hércules, 9 con el Elche y 5,5 con el Levante.
El 25% del Celta de Vigo pertenece a la caja Nova Caixa Galicia, a raíz del acuerdo alcanzado en 2009 con Caixanova. Actualmente nacionalizada por la crisis financiera, se estudia la manera de completar la deuda. Otro caso sangrante es el del Real Zaragoza, que durante años logró partidas de dinero público cercanas a los 10 millones de euros por curso. El ejecutivo autónomo fue avalista del club y ahora, tres cajas le exigen que responda por los impagos. La reclamación de Ibercaja, CAI y Bantierra asciende a 25 millones de euros.
Hay muchos más casos en el fútbol de Comunidades y Ayuntamientos que en su intento de ayudar al club de fútbol de turno han acabo como accionistas, como ocurre en Jerez o Girona, por ejemplo. Prueba de que durante mucho tiempo el dinero de todos se ha utilizado para financiar negocios futbolísticos de dudosa viabilidad. Difícil hacerlo peor. Sólo queda aprender, aunque eso parece más difícil.
