El bloqueo de IP que activó la denuncia de los internautas
La Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet presentaron el 29 de abril una denuncia formal contra el Reino de España ante la Comisión Europea por el incumplimiento del Reglamento de Servicios Digitales (DSA). En el escrito, LaLiga aparece como responsable de bloqueos de direcciones IP que han provocado cortes en servicios ajenos a la piratería, como las web de la Real Academia Española y el Ayuntamiento de Madrid.
La patronal del fútbol, presidida por Javier Tebas, ha implementado bloqueos masivos amparados en resoluciones judiciales españolas. Sin embargo, las asociaciones de internautas sostienen que esta práctica vulnera la neutralidad de la red y contraviene la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre filtrados generalizados. La denuncia califica los cortes de arbitrarios y sin rendición de cuentas, y pide a la UE que exija a España el cese de esta «censura algorítmica».
El impacto económico: sanciones, inseguridad jurídica y derechos audiovisuales
La DSA, aprobada en 2022, contempla multas de hasta el 6% del volumen de negocios mundial de la empresa infractora. El riesgo reputacional y regulatorio para LaLiga es evidente: un fallo de la Comisión Europea que considerara desproporcionados sus bloqueos obligaría a redefinir todo su sistema antipiratería. España acumula dos expedientes ante el TJUE por no implementar eficazmente la norma, en julio de 2024 y mayo de 2025, con una demanda adicional en diciembre de 2025.
Para LaLiga, el blindaje de los derechos audiovisuales es un pilar de su modelo de negocio. La venta centralizada de los derechos televisivos genera unos 1.600 millones de euros por temporada. Cualquier debilitamiento de las herramientas antipiratería se traduciría en una pérdida del valor de esos activos y en una merma de los ingresos que sostienen el límite salarial de los clubes. La inseguridad jurídica actual ya dificulta la suscripción de contratos de licencia a largo plazo.
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Las asociaciones recuerdan que el TJUE prohibió las medidas de filtrado generalizado en 2016, y sostienen que los bloqueos de LaLiga vulneran ese principio. La denuncia también apunta a la Agencia Tributaria por perfilado digital sin base legal clara. El coste de una eventual reestructuración del modelo antipiratería no ha sido cuantificado, pero fuentes del sector estiman que podría afectar a los próximos contratos de licencia en decenas de millones de euros.
El desenlace determinará si la lucha contra la piratería en el fútbol debe ajustarse a los estándares europeos de proporcionalidad, transparencia y respeto a los derechos fundamentales digitales.
