La proposición de PSOE y ERC que desautoriza a Tebas
El Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa legislativa impulsada por PSOE y ERC que restringe los bloqueos masivos de direcciones IP ordenados por LaLiga y las operadoras de telecomunicaciones. El texto, respaldado por Sumar, EH Bildu, PNV y Compromís, insta al Gobierno a modificar la Ley de Propiedad Intelectual para blindar los derechos digitales de los usuarios.
El órgano legislativo responde así a las denuncias de colectivos civiles como Xnet, que llevan meses alertando sobre bloqueos indiscriminados sin supervisión judicial. La práctica actual permite que LaLiga exija a las telecos cortar el acceso a miles de IPs en tiempo real durante los partidos, una herramienta diseñada para combatir la piratería en directo.
La amenaza financiera: más de 2.000 millones en juego
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se enfrenta a un escenario que puede debilitar el principal dique de contención de los ingresos por audiovisual. El fútbol español factura anualmente en torno a 2.000 millones de euros por la venta de derechos de retransmisión. Cualquier retroceso en la eficacia de las medidas antipiratería se traduce directamente en una pérdida de valor para los operadores que pagan las licencias.
El contrato doméstico con Telefónica y DAZN (ciclo 2022-2027) supera los 4.950 millones, una cifra calculada sobre audiencias reales que la piratería distorsiona. Si la liga no puede garantizar a los licenciatarios un control efectivo sobre la distribución ilegal, las renovaciones futuras se negociarán a la baja.
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La iniciativa parlamentaria exige que cualquier bloqueo masivo de IP cuente con una autorización judicial previa y un control de proporcionalidad. Hasta ahora, LaLiga operaba mediante acuerdos administrativos con las telecos, un sistema mucho más ágil. La nueva regulación ralentizaría la respuesta, dejando ventanas de entre 24 y 48 horas donde los enlaces pirata seguirían activos, según estimaciones de la propia patronal.
Para Tebas, el debate no es nuevo. Su activismo judicial ha llevado a enfrentamientos con plataformas como Google y Cloudflare, acusadas de facilitar la distribución. Pero el dictamen del Congreso pone ahora límites a su brigada digital, precisamente cuando los datos de LaLiga muestran que solo en España se contabilizan más de 150 millones de accesos ilegales al mes durante los encuentros de primera y segunda división.
El Gobierno deberá trasladar la iniciativa a un proyecto de ley, un proceso que abre una ventana de negociación intensa. En juego no solo está el modelo de negocio de LaLiga, sino también la sostenibilidad de muchos clubes que dependen directamente del reparto de derechos televisivos. La batalla entre la protección de la propiedad intelectual y los derechos digitales libra ahora en el hemiciclo, y Tebas se juega su principal legado.
