El laboratorio de ideas más influyente de Bruselas critica el modelo español de bloqueos antipiratería por falta de supervisión judicial y daño colateral masivo
El Centro de Estudios de Política Europea (CEPS), uno de los laboratorios de ideas más influyentes en el diseño de políticas de la Unión Europea, ha publicado un informe que cuestiona directamente el modelo de bloqueos antipiratería que aplica LaLiga en España. La conclusión es categórica: el sistema vigente es incompatible con el Estado de Derecho y con el principio de proporcionalidad establecido por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
3.300 servicios legales bloqueados por daño colateral
El detonante del análisis es un episodio concreto y documentado. Las direcciones IP de Cloudflare, infraestructura compartida que da servicio a millones de dominios legítimos, fueron objeto de bloqueo por parte de LaLiga en el marco de sus operaciones antipiratería. El resultado fue el corte de acceso a aproximadamente 3.300 servicios legales, incluyendo plataformas de uso habitual que no tenían relación alguna con la piratería de contenidos.
Los tres académicos que firman el informe señalan que ese daño colateral no es un efecto secundario tolerable, sino el síntoma de un modelo mal diseñado. El problema estructural es que LaLiga especifica unilateralmente las direcciones IP que deben ser bloqueadas sin supervisión judicial continua, una práctica que el CEPS considera indefendible desde el punto de vista jurídico.
El modelo español, en el punto de mira de Bruselas
El informe equipara el caso español con el belga, donde DAZN podía añadir dominios a una lista de bloqueo a su voluntad. Ambos modelos, según el CEPS, comparten el mismo defecto: la delegación de autoridad de bloqueo en entidades privadas sin garantías suficientes frente al riesgo de afectar a libertades fundamentales como la libertad de expresión.
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La crítica no apunta solo a la eficacia técnica del sistema, sino a su arquitectura de control. Que una entidad privada como LaLiga pueda ordenar bloqueos masivos de tráfico de internet sin supervisión independiente es, para los académicos del CEPS, estructuralmente incompatible con la jurisprudencia del TJUE en materia de proporcionalidad.
Recomendaciones: prohibir los bloqueos por IP y abaratar el acceso legal
El informe cierra con un conjunto de recomendaciones dirigidas tanto a legisladores como a titulares de derechos. Sobre los bloqueos por IP, el CEPS pide que se eviten por completo. Cuando se autorice a una entidad privada a ejecutar bloqueos, exige supervisión independiente y garantías significativas. Además, reclama que los titulares de derechos asuman responsabilidad económica por los daños causados por el exceso de bloqueo ejecutado a petición suya.
Para los propios titulares de derechos deportivos y audiovisuales, el mensaje es directo: «El medio más eficaz para combatir la piratería sería garantizar una disponibilidad generalizada de contenidos asequibles.» Una conclusión que interpela directamente al modelo de distribución de derechos televisivos en España, donde la fragmentación de la oferta y el precio del acceso legal alimentan la demanda de contenido pirata.
El informe ha sido encargado y financiado por Nord Security, empresa especializada en soluciones de privacidad y seguridad en internet, lo que sitúa la publicación en un contexto de interés comercial que conviene tener presente al valorar sus conclusiones, aunque el rigor académico del CEPS no queda cuestionado por ese hecho.




