Los contratos con la FIFA obligan al Estado a garantizar la organización, y la retirada activaría penalizaciones de entre 1.500 y 3.000 millones
Las garantías gubernamentales que un país firma para acoger una Copa del Mundo no son una carta de intenciones sin coste. Comprometen al Estado a adoptar toda medida legislativa y administrativa necesaria para que el torneo se celebre sin obstáculos, y deshacer ese compromiso a mitad de camino tiene precio.
Un paquete firmado por doce ministros
El Gobierno de España asumió las garantías específicas exigidas por la FIFA en el Acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de julio de 2024, el mismo que respaldó la solicitud de la RFEF para ser sede. El documento lleva la firma de doce ministros y abarca exenciones fiscales, seguridad, visados, transporte, sanidad y conectividad. En febrero de 2025 el Ejecutivo creó la comisión interministerial del Mundial, presidida por Pilar Alegría, para dar cumplimiento a esos compromisos.
Lo que ya está gastado y lo que se espera ganar
La RFEF cifra en cerca de 2.500 millones de euros la inversión asociada al torneo en España, y una parte relevante ya está comprometida en obra pública sobre las once sedes españolas, como la reforma de Balaídos en Vigo. El estudio de PwC encargado por la federación dimensiona el retorno esperado:
| Concepto | Estimación de PwC para España |
|---|---|
| Aportación al PIB | más de 5.000 millones € |
| Empleo | más de 90.000 puestos, 56.000 directos |
| Gasto turístico | 3.700 millones € |
| Recaudación fiscal | 1.800 millones € |
| Inversión extranjera | más de 1.000 millones € |
En Portugal, el mismo estudio calcula 800 millones de aportación al PIB y 20.000 empleos.
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Dos frentes que empujan a la vez
El debate llega por dos vías distintas. El 30 de julio de 2026 las 55 federaciones de la UEFA votaron por unanimidad retirar sus selecciones de las competiciones de la FIFA si el organismo no renuncia a abrir el torneo al capital privado, con fecha límite fijada por la propia FIFA en el 19 de septiembre de 2026. Un boicot europeo dejaría fuera a buena parte de las selecciones más valiosas del torneo. En paralelo, Sumar, Podemos y Vox han pedido en el Congreso revisar el papel de Marruecos en la coorganización tras la crisis migratoria de Ceuta.
Por qué la salida sale cara
La cuenta de una retirada suma dos partidas que no se compensan: la penalización contractual, de entre 1.500 y 3.000 millones de euros, y la inversión ya ejecutada sin el torneo que la justificaba. El escenario en discusión deja a España financiando la sede principal de un Mundial que su selección, campeona del mundo en 2026, no jugaría.
