Un sobrecoste mínimo de 13,2 millones y partidas sin cuantificar
El órgano fiscalizador autonómico ha puesto cifra a la deriva económica del proyecto. Según el informe de fiscalización de La Nueva Romareda SL, la operación ya alcanza un coste mínimo de 173,2 millones de euros. La horquilla supera en 13,2 millones los 160 millones reconocidos hasta ahora por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. El documento detalla gastos sufragados directamente por ambas administraciones que, a juicio de la Cámara de Cuentas de Aragón, deberían imputarse a la sociedad pública.
La cifra no es definitiva. El propio informe advierte de que existen compromisos adicionales asumidos por DGA y consistorio para los que no se ha podido concretar el importe por falta de información. La desviación de 13,2 millones es solo la parte documentada. La factura real del traslado desde La Romareda actual al nuevo estadio podría dispararse cuando afloren partidas como conexiones viarias, reubicación de servicios o costes financieros indirectos.
La estructura de la operación concentra el riesgo en el sector público. La Nueva Romareda SL, participada por ambas instituciones, está financiando una infraestructura cuyo principal usuario será el Real Zaragoza. Sin embargo, hasta la fecha el club no ha formalizado un plan de negocio que acredite cómo generará ingresos suficientes para retornar la inversión vía canon, explotación comercial o patrocinio del naming. La Cámara de Cuentas reclama de forma expresa un documento “objetivo” que permita evaluar la viabilidad económico-financiera del proyecto, exigencia que, de momento, no ha sido atendida.
Ayudas de Estado encubiertas y el encaje en la RSF
La ausencia de una hoja de ruta contable no es solo una carencia técnica. Sin un plan de negocio que demuestre que el Real Zaragoza asumirá un canon de mercado y que la explotación del estadio será autosuficiente, el esquema actual puede interpretarse como una ayuda de Estado encubierta. Cualquier ventaja económica no justificada otorgada al club por las administraciones podría colisionar con la Regulación de Sostenibilidad Financiera que aplica LaLiga y, en el plano europeo, con las normas de ayudas estatales de la Unión Europea. El informe no entra en ese terreno, pero la señal es inequívoca: las cuentas deben transparentarse antes de que la operación se convierta en un lastre fiscal y reputacional para todas las partes.
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Mientras el Real Zaragoza intenta consolidar su proyecto deportivo en Segunda División, la factura del nuevo estadio se acerca a los 200 millones sin que se haya presentado una sola previsión de retorno. La pelota está ahora en el tejado del club y de las instituciones. O hay plan de negocio, o el sobrecoste de la Romareda acabará siendo una losa que ni la propiedad ni los aficionados podrán ignorar.
